
El 10 de febrero de 1807 se toma una decisión revolucionaria, un Congreso suspende al virrey marqués Rafael de Sobremonte,
El cuerpo judicial de la Colonia, la Audiencia, se esforzará por equilibrar la voluntad popular con respecto a la legalidad. El 7 de febrero escribe al virrey Sobremonte solicitando la “delegación total de sus facultades en la Real Audiencia”. Pero al Cabildo -donde la influencia de Álzaga es total- no lo conformará, y el 9 le exige que pese “a sus recurrentes protestas” obre la Audiencia como se acordó, por “las fatales resultas que pueda producirse la reserva en el público”. El Cabildo, es decir “la república”, es ya más que el Tribunal Real: la Audiencia quiere quitarse la responsabilidad solicitando la convocatoria a un Congreso General. Entonces, Álzaga invita a los mismos que concurrieron el 14 de agosto de 1806, cuando –después de la primera invasión inglesa- se le quitó a Sobremonte el mando de las fuerzas militares.
El 10 se reúne el Congreso del Cabildo. Se propone la moción “si convenía suspender al señor marqués de Sobremonte y se podía hacerlo”. Los votos deben fundarse: el obispo (Lué) se abstiene “por su dignidad y profesión”, Gorbea cree que Sobremonte “se encontraba enfermo” y es de parecer se lo asegure “para tratarlo como corresponde, reservándose a Su Majestad el conocimiento de las operaciones de dicho señor”. Se adhieren a su voto los vocales de la Audiencia (agregando el oidor Marquez del Plata que “la detención ha de entenderse meramente para conservarle el decoro de su alta dignidad y preservarlo del insulto”). El intendente Reynoso vota por la deposición lisa y llana, Liniers se abstiene “conformándose con el pronunciamiento de la mayoría”, el fiscal Villota (de la Audiencia) “no considera a la Junta con facultades para juzgar de las acciones militares del señor virrey”, y opina que debe esperarse a que el virrey delegue el mando en la Audiencia, y solamente “si Su Excelencia no accedía, atendido el estado del pueblo y de las tropas, consideraba necesaria su suspensión tomando el mando la Real Audiencia para salvar la situación”; se adhiere a su voto el otro fiscal de la Audiencia (Caspe). El abogada Rivadavia (Benito) entiende que debe deponérselo: los militares por unanimidad siguen al voto del comandante de marina Gutiérrez de la Concha favorables a la suspensión, pues “ni siquiera las tropas veteranas operarían con energía mandándolas al señor virrey”. Los demás se pronuncian, unos por la deposición y otros por la suspensión.
